¿Es lícito pensar que eres objeto de una estafa? Y, si se considera tal, ¿puede reclamarse judicialmente la devolución de lo pagado, incrementado con los perjuicios ocasionados?

Si se me miente dorándome la píldora sobre una situación que afecta a mi afición preferida y la realidad me demuestra no ser en absoluto cierto lo que se me da por bueno.

Si se me hace emplear un tiempo inútil en lo que se supone debía de ser el disfrute de una jornada de pesca en un lugar destinado a tal fin, y resulta que este lugar no reúne las condiciones adecuadas porque sus aguas están deshabitadas.

Si se me hace efectuar un desplazamiento de muchos o pocos kilómetros, empleando un vehículo que consume cierta cantidad de carburante, además del lógico desgaste y gastos anejos y teniendo que incluir el peligro de cualquier desplazamiento por carretera.

Si he de atender a mis necesidades de manutención en establecimientos restauradores durante la jornada de pesca.

Si he tenido que adquirir algunos útiles con la idea de emplearlos en el citado lugar, que tiene calificación de privilegiado y por eso es denominado coto de pesca. O si he perdido también mi tiempo en tramitar solicitudes, ejecutando paso a paso todas las condiciones que se me exigían para acceder al deseado permiso.

Si me he molestado en estudiar detenidamente todos los apartados, artículos y anexos que configuran un librito de normas con el que parece protegerse a todas las truchas (que aparentan ser muchas) de los desmanes que pueden cometer los pescadores, considerándoles culpables del deterioro fluvial, sin detenerse a analizar la parte de culpabilidad que atañe a la propia sociedad y a las instituciones que ejercen como garantes de la conservación del medio.

Si como garantía de acudir a un tramo acotado se me expende un justificante perfectamente diseñado, con toda clase de detalles informativos sobre fechas, cupos, identidad y precio que se cobra por el mismo, lo que viene a significar que es un tramo de categoría superior a cualquier zona libre, donde se mantiene bien custodiada una población de truchas lo suficientemente amplia como para garantizar una media de extracciones también superior, siempre dentro del cupo autorizado, y la realidad demuestra que no existe diferencia alguna entre estos acotados y las zonas libres e incluso que algunos de ellos están aún más desertizados que estas.

Cotos de pesca

Si todas las situaciones antedichas se dan con demasiada frecuencia en la mayoría de los cotos de pesca, catalogados como tales desde los tiempos en que, efectivamente, eran los lugares privilegiados donde podías pescar con facilidad el cupo establecido, disfrutando al mismo tiempo de una tranquilidad ausente de los tramos libres por su masificación, se puede suponer que ya es llegado el momento de recalificar (palabra que puede mover a desconfianza por su uso abusivo) de nuevo todos los cientos o miles de kilómetros que presuntamente llamamos trucheros, especialmente en lo que se refiere a los acotados, donde es públicamente conocido y comprobado que un gran porcentaje de ellos no cumplen con las condiciones para las que fueron establecidos, y que solamente algunos reciben unas repoblaciones puntuales regulares, quedando el resto a merced de otras repoblaciones esporádicas o solo a su capacidad de procreación natural, cuando esta resulta casi imposible debido a la contaminación, a las extracciones por procedimientos eléctricos, y a que la población residual de truchas salvajes en los mismos es casi imaginaria.

Si procediéramos a confeccionar una estadística exhaustiva de los resultados conseguidos por los pescadores en todos los cotos de la provincia (independiente del simulacro que Icona lleva a cabo entregando solo en algunos de ellos un impreso que quiere reflejar estos resultados, quedando casi todos los demás sin siquiera ver al guarda), quedaríamos asombrados por la enorme proporción de permisos que estarían incluidos dentro de las cifras de cero a dos ejemplares conseguidos durante la jornada. No es exagerado pensar que en casi todos ellos nunca se consigue extraer el cupo establecido, como no sea excepcionalmente. En términos generales puede decirse que no cumplen con su función inicial y que han degenerado hasta convertirse en simples reclamos publicitarios utilizados por su rentabilidad recordando tiempos pasados en los que sí fueron ejemplares.

Pobrísimo saldo

Como muestra, los cotos padecidos (iba a decir disfrutados) por mí y por mis amigos durante los últimos años corroboran todo lo antedicho, y solamente en el coto del Condado he podido verles las pintas. Concretamente, esta última temporada arroja un saldo de una trucha en mi haber, precisamente de este coto, donde sí saqué otras quince que medían menos de veintiséis centímetros y devolví a su medio. De no haber sido por un accidentado chapuzón que me quebró la uña del pulgar derecho quizá hubiera conseguido algunas más. Pero el Condado sigue siendo todavía la referencia de un coto aceptable y bien vigilado de día. La excepción.

Tenemos por tanto que solicitamos, adquirimos y pagamos por un servicio que no se nos presta en absoluto, al que añadimos los numerosos gastos anejos, la pérdida de tiempo y de ilusiones, la disminución del nivel de autoestima y la impotencia de saberse engañados y no poder ejercer ningún derecho de reclamación inmediata. Surge entonces la pregunta ineludible de ¿cómo se pueden calificar o denominar este tipo de actuaciones donde se te ofrece algo que no existe, lo que puede ser un fraude pero, además, se te cobra por ello? ¿Es lícito pensar que has sido objeto de una estafa o hay otra manera de definirlo? Y, si se considera una estafa ¿puede reclamarse judicialmente la devolución del importe pagado, incrementado con los daños y perjuicios ocasionados?

Habrá que ir pensando en que una reforma inmediata es necesaria para dar tiempo a recuperarse a la gallina de los huevos de oro que, hoy por hoy, padece una avitaminosis galopante, y no podemos dejarla morir de inanición cuando todos los pescadores tomemos conciencia de haber sido engañados (¿o quizá estafados?) La solución podría venir liberalizando para no cobrar por pescar en tramos deshabitados o vedando estos mismos tramos si todavía puede verse en ellos una remota recuperación autónoma o ayudada. Pero, eso sí, olvidándose del dinero que puedan producir fraudulentamente.